Cuando proponemos que varias municipalidades compartan maquinaria, especialistas o determinados servicios, la primera reacción puede ser pensar que estamos proponiendo algo extraño, complicado o jurídicamente imposible.
Pero tenemos la respuesta delante de nosotros.
Ya lo hacemos.
La provincia de Moyobamba cuenta con un Instituto Vial Provincial Municipal. La propia Municipalidad Provincial lo define como un organismo descentralizado vinculado a los gobiernos locales de la provincia y destinado a la gestión vial rural.
San Martín tiene su propio IVP desde 2003. Su información institucional señala que está integrado por la Municipalidad Provincial de San Martín y las trece municipalidades distritales, que puede recibir aportes de las municipalidades integrantes, celebrar convenios, administrar recursos y organizar órganos técnicos de acuerdo con las necesidades municipales.
Detengámonos en lo que eso significa.
Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Sauce, Chazuta, Cacatachi y otros distritos mantienen sus alcaldes, concejos y autonomía.
Pero para una determinada necesidad territorial descubrieron hace años que cooperar era más lógico que actuar como catorce islas.
Ese principio es mucho más importante que el propio IVP.
Porque demuestra que la autonomía municipal y la gestión compartida no son enemigas.
Uno puede conservar su gobierno local y, simultáneamente, compartir capacidades cuando el problema exige una escala mayor.
Además, el ordenamiento jurídico peruano proporciona otra herramienta: la Ley N.º 29029, modificada por el Decreto Legislativo N.º 1445 y reglamentada por el Decreto Supremo N.º 021-2020-PCM. La mancomunidad municipal permite que dos o más municipalidades se unan para prestar conjuntamente servicios y ejecutar proyectos.
Por tanto, el debate ya no debería centrarse en preguntar si jurídicamente es posible colaborar.
La pregunta interesante es:
¿para qué servicios conviene hacerlo?
El primer candidato es evidente: maquinaria especializada de alto costo.
Una excavadora, motoniveladora, rodillo, cargador o determinado equipo no debería evaluarse por el orgullo de decir “la municipalidad tiene maquinaria”, sino por productividad: horas efectivas de trabajo, mantenimiento, combustible, disponibilidad y costo por hora.
Si seis municipios pueden compartir determinado equipo y utilizarlo permanentemente, habrá que comparar ese costo con comprarlo o alquilarlo individualmente.
Otro campo es la capacidad técnica.
Municipalidades pequeñas difícilmente pueden mantener permanentemente una plantilla completa de especialistas altamente calificados en ingeniería, formulación de inversiones, gestión ambiental, arquitectura, catastro, saneamiento físico-legal o tecnologías de información.
¿Por qué no analizar equipos técnicos comunes capaces de prestar servicios a varios municipios?
También están los residuos sólidos.
Hay actividades esencialmente locales, como determinadas labores de limpieza y recolección, pero otras pueden exigir infraestructura y escala territorial: plantas, valorización, transferencia, disposición final o equipamiento especializado.
Y tenemos la transformación digital.
Un ciudadano de Calzada, Soritor, Cacatachi o Shapaja merece el mismo nivel de servicio digital que uno de Moyobamba o Tarapoto. La tecnología permite compartir plataformas y capacidades sin borrar identidades municipales.
Pero existe un riesgo que debemos evitar.
Compartir servicios no puede convertirse en crear otra burocracia.
Si para ahorrar cinco oficinas creamos una sexta más costosa, habremos fracasado.
Cada servicio compartido debería nacer acompañado de indicadores: cuánto cuesta actualmente; cuánto costará conjuntamente; qué municipio aportará; quién utiliza el servicio; cuántas horas trabaja el equipo; cuánto demora la atención; qué resultados produce. Por Marco A. Cruzalegui
