Cuando un galón de combustible sube cuatro o cinco soles, el problema no termina en el grifo. Sube el mototaxi, el colectivo, el camión que lleva arroz, verduras o pollo; aumenta el costo de producir y transportar; y una parte de esa factura termina inevitablemente en el bolsillo de las familias.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo en diversos puntos del país y con particular intensidad en la Amazonía.
En Pucallpa, transportistas reportaron diésel de hasta S/22 por galón y gasolina regular que en determinados establecimientos pasó aproximadamente de S/16 a S/20. La protesta iniciada el 10 de agosto llegó a bloquear diferentes puntos de la carretera Federico Basadre y generó consecuencias sobre transporte, clases, recojo de residuos y abastecimiento.
Pero hay una pregunta que el ciudadano tiene derecho a formular: ¿por qué sube tanto el combustible?
La respuesta más sencilla sería culpar exclusivamente al Gobierno. También sería la menos rigurosa.
Perú forma parte de un mercado internacional de hidrocarburos. Aunque produzcamos parte de los combustibles que consumimos, sus precios internos están vinculados al costo internacional del petróleo y de sus derivados. La propia regulación peruana reconoce que los precios de los hidrocarburos se desenvuelven en un régimen de oferta y demanda y que los precios internacionales constituyen una referencia fundamental para el mercado nacional.
Y el mundo continúa atravesando una extraordinaria inestabilidad energética. Al 13 de agosto, el Brent se situaba alrededor de US$88,56 por barril, mientras persistían las restricciones y riesgos vinculados al estrecho de Ormuz y al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Sin embargo, aquí aparece la primera precisión necesaria: el precio internacional explica una parte del problema, no todo el precio que finalmente paga el consumidor peruano.
Entre el petróleo internacional y el surtidor existen importación o refinación, almacenamiento, transporte terrestre o fluvial, distribución mayorista, comercialización minorista, cargas tributarias según el régimen aplicable y márgenes de cada participante de la cadena. En regiones amazónicas, además, la geografía y la limitada infraestructura pueden aumentar la vulnerabilidad frente a cualquier alteración logística.
Ucayali ofrece actualmente un ejemplo revelador. Petroperú sostiene que dispone de combustible suficiente en planta y en tránsito; paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas ha considerado necesario ampliar la capacidad de almacenamiento mediante dos tanques que Aguaytía Energy pondrá a disposición de Petroperú.
Es decir, el problema no puede reducirse simplemente a la palabra “escasez”. Existe una cuestión de capacidad logística, almacenamiento, estructura de precios y funcionamiento del mercado regional que merece ser transparentada.
Hay incluso una aparente paradoja. La legislación amazónica contempla beneficios tributarios importantes. En Loreto, Ucayali y Madre de Dios, bajo las condiciones previstas en la Ley 27037, las ventas de petróleo, gas natural y derivados destinadas al consumo en esos departamentos pueden encontrarse exoneradas del IGV y del ISC. Existen también supuestos de exoneración del IGV para operaciones realizadas dentro de otras zonas comprendidas en la Amazonía, siempre que se satisfagan las condiciones legales.
Por tanto, afirmar que el precio elevado en la selva se explica exclusivamente por los impuestos tampoco resiste un análisis serio.
La segunda equivocación consiste en pensar que, si hoy baja el petróleo internacional, mañana necesariamente debe caer el precio en todos los grifos en la misma proporción. Los combustibles adquiridos, transportados y almacenados tienen diferentes costos y momentos de adquisición. Además, los precios finales son fijados por los agentes dentro de un mercado de libre competencia. Por ello, el traslado de una variación internacional al consumidor no necesariamente es inmediato ni idéntico entre estaciones.
Precisamente por eso el Estado tiene una obligación que no significa fijar arbitrariamente los precios: hacer transparente la cadena.
El consumidor debería poder conocer cuánto corresponde al precio mayorista, cuánto al transporte, cuánto a los impuestos cuando correspondan y cuánto representa el margen comercial. Si una región presenta diferencias extraordinarias frente a otra, la autoridad debería estar en condiciones de explicar por qué.
La actual crisis revela, entonces, dos problemas diferentes. Tenemos un shock internacional real, pero también vulnerabilidades nacionales que amplifican sus efectos: logística insuficiente, almacenamiento, concentración de oferta en algunos lugares, poca información para el consumidor y escasa capacidad del Estado para explicar oportunamente lo que ocurre.
Y esa última carencia también cuesta.
Cuando el Gobierno no comunica, el vacío es llenado por rumores. Cuando no se publica la estructura del precio, cualquier incremento parece abuso. Cuando no se explica cuánto proviene del exterior y cuánto se genera dentro del país, la frustración económica termina transformándose en conflicto político.
Las protestas de agosto deberían dejar una lección: el precio del combustible no se combate buscando un único culpable, sino identificando cada componente de la cadena.
El petróleo internacional no lo controla el Perú. Pero el almacenamiento, la competencia, la transparencia, la fiscalización, los mecanismos de estabilización y la información al consumidor sí están dentro del ámbito de acción del Estado.
Ese es el espacio donde corresponde exigir resultados Marco A. Cruzalegui
