El Gobierno prometió hoy ejecución ante la Cámara de Diputados. Pero ningún Estado puede hacer más de aquello que sus instituciones son capaces de hacer.
El mensaje del Gobierno ante la Cámara de Diputados tuvo una idea correcta y poderosa: el Estado tiene que ejecutar. Menos burocracia, menos demora y más resultados. Pero entre querer hacer una obra y conseguir terminarla existe una institución completa. Y esa institución funciona tan bien —o tan mal— como las personas que la administran.
Gobernar no es solamente querer. Se consigue lo que se quiere y, sobre todo, aquello que se puede. Una autoridad puede prometer una carretera, un hospital, seguridad o agua potable; pero alguien deberá formular el proyecto, sanear terrenos, preparar expedientes, contratar, supervisar, resolver controversias y gastar correctamente el presupuesto.
Por eso sorprende que, teniendo un diagnóstico tan severo sobre la incapacidad estatal, el mensaje gubernamental no haya colocado con igual fuerza la reforma del servicio civil. SERVIR debería volver al centro de la modernización del Estado.
San Martín ofrece un buen espejo. El Gobierno Regional y varias municipalidades provinciales figuran en la relación pública de entidades que iniciaron su tránsito hacia el régimen del Servicio Civil, aunque el proceso está lejos de estar generalizado. El propio GORE mantiene instrumentos de capacitación de personal y su Plan Regional de Competitividad 2025-2030 incorpora la mejora institucional dentro de su agenda.
La reforma debe tener una lógica sencilla: ingresan los mejores, se paga competitivamente por talento, se capacita permanentemente y se evalúan resultados. No se trata de aumentar indiscriminadamente remuneraciones públicas. Se trata de comprender que difícilmente atraeremos a grandes ingenieros, médicos, especialistas digitales, economistas, proyectistas o gestores ofreciéndoles condiciones muy inferiores mientras el mercado privado compite por ellos.
Este debate adquiere especial importancia ahora que estamos en campaña regional y municipal. Escuchamos candidatos hablar de carreteras, agua, seguridad, turismo y agricultura. Mucho menos escuchamos explicar cómo seleccionarán a quienes deberán convertir esas promesas en realidad.
Y alrededor de demasiadas campañas persiste una peligrosa expectativa: quienes apoyan hoy al candidato creen que ocuparán mañana las oficinas públicas. Una campaña electoral no puede convertirse en una bolsa de trabajo anticipada.
Una autoridad necesita algunos cargos de confianza. Eso es natural en democracia. Pero las gerencias técnicas, planificación, inversión, presupuesto, logística, infraestructura y servicios públicos no pueden convertirse en recompensa política.
A los candidatos deberíamos formularles una pregunta nueva: ¿están dispuestos a que los mejores ocupen los principales puestos técnicos, aunque nunca hayan pegado un afiche, asistido a un mitin o pedido un voto para ustedes?
Porque elegir buenas autoridades es importante.
Conseguir que los mejores administren el Estado puede ser todavía más importante para que esas autoridades tengan éxito. Marco A. Cruza legui
