El Gobierno puso hoy la seguridad en el centro de su mensaje ante la Cámara de Diputados. El desafío es pasar de la severidad a la eficacia.
El Gobierno llegó hoy a la Cámara de Diputados prometiendo recuperar el principio de autoridad, fortalecer la inteligencia, combatir la extorsión y endurecer la respuesta frente al crimen. La prioridad es correcta. La inseguridad está golpeando hogares, negocios y transportistas. Pero hay que evitar una respuesta que el Perú conoce demasiado bien: delito grave, indignación pública y una nueva ley aumentando penas.
Las penas cumplen una función: castigan y mantienen fuera de las calles a delincuentes peligrosos. Pero aumentar años de cárcel no necesariamente evita el siguiente delito. La evidencia criminológica señala que la certeza de ser capturado tiene mayor capacidad disuasiva que incrementar la severidad de una sanción. Muchos delincuentes ni siquiera conocen exactamente cuántos años establece el Código Penal para aquello que están a punto de hacer.
La pregunta que probablemente sí se hace quien pretende extorsionar, robar o matar es mucho más sencilla: ¿me van a descubrir?
Por eso resulta relevante la advertencia formulada por el diputado Harvey Colchado. Ha cuestionado la implementación de la Ley 32490 y la capacidad operativa destinada a enfrentar extorsiones y sicariato. El subsistema especializado ya existe, pero su implementación recién fue programada progresivamente para 15 distritos judiciales durante 2026 y 2027.
San Martín tampoco puede mirar este problema desde lejos. Durante el primer trimestre de 2026, las denuncias por extorsión crecieron 80% en Rioja y 45% en Moyobamba. En Mariscal Cáceres y El Dorado pasaron de una a cuatro denuncias respecto del mismo período anterior. La provincia de San Martín, en cambio, registró una disminución de 6%. Los porcentajes deben leerse con cuidado, pero el mensaje territorial es claro: la extorsión ya no es exclusivamente un problema de las grandes ciudades.
El Gobierno ha anunciado vehículos, drones, cámaras, software e inteligencia artificial. Bien. Pero un dron no investiga solo y una computadora no reemplaza al policía. Necesitamos una Policía equipada, pero también mejor seleccionada, permanentemente capacitada, especializada, íntegra y evaluada.
Y los gobiernos regionales y municipales también tienen responsabilidades. Prevención juvenil, iluminación, recuperación de espacios públicos, cámaras realmente operativas, serenazgo articulado y atención temprana a violencia, drogas y abandono escolar también forman parte de la seguridad.
El Perú no necesita una nueva ley cada vez que ocurre un crimen. Necesita policías capaces, fiscales especializados, jueces oportunos, tecnología que funcione y presupuesto para investigar.
Al delincuente no tenemos que impresionarlo con el tamaño de la pena. Tenemos que convencerlo de que, si delinque, el Estado será capaz de encontrarlo. Marco A. Cruzalegui
