Cuando estalla una protesta pocas semanas después de un cambio de gobierno, la sospecha política resulta inevitable.
En el caso del combustible ha comenzado a circular una pregunta particularmente delicada: ¿existe alguna relación entre las protestas y aquellas regiones donde Keiko Fujimori no ganó las elecciones?
La hipótesis merece ser investigada. Precisamente por eso no debemos convertirla en conclusión antes de revisar los datos.
Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026. Las actuales protestas por combustibles comenzaron a adquirir fuerza desde el 10 de agosto, apenas trece días después de la transferencia de mando.
Pero el primer dato que contradice una lectura simplista está precisamente donde la protesta adquirió mayor intensidad.
Ucayali votó mayoritariamente por Keiko Fujimori.
Según el cómputo oficial de segunda vuelta recogido de la ONPE, Fujimori obtuvo allí 52,56 %, frente al 47,44 % de Roberto Sánchez.
Y, sin embargo, Ucayali se convirtió en el principal escenario del paro por combustible.
Loreto presenta algo parecido. Fujimori obtuvo aproximadamente 53 % y Sánchez 47 %. Pese a ello, también se registraron protestas y bloqueo de la carretera Nauta-Iquitos.
Tacna, donde el resultado electoral fue diferente y Sánchez obtuvo una amplia mayoría, también registró protestas de transportistas. La Defensoría identificó además movilizaciones en Arequipa y Puno.
Con los datos disponibles, por tanto, no aparece una correlación territorial consistente que permita afirmar que las protestas sean consecuencia de una represalia contra las regiones donde Fujimori perdió.
Eso no significa que no exista política.
Toda protesta de grandes dimensiones produce actores que buscan representarla, conducirla o aprovecharla. Es legítimo investigar quiénes convocan, qué organizaciones participan, qué dirigentes intervienen y qué discursos políticos aparecen.
Pero existe una diferencia enorme entre afirmar que una protesta puede ser políticamente capitalizada y sostener que fue originada por una conspiración política.
Hasta hoy, los hechos comprobables apuntan a una causa económica real.
En Pucallpa se reportó diésel de hasta S/22 y gasolina regular que llegó a S/20 en determinados grifos. Las tarifas de transporte aumentaron y el conflicto terminó produciendo bloqueos y afectaciones a diferentes servicios.
Hay otra revelación importante.
La propia Defensoría del Pueblo informa que la plataforma presentada por los manifestantes de Ucayali ya no se limita al combustible. Comprende infraestructura hospitalaria, deficiencias de salud, agua y saneamiento, titulación de predios rurales e infraestructura vial.
Aquí probablemente se encuentra una clave política mucho más interesante.
El combustible puede haber actuado como detonante de problemas que venían acumulándose.
Una población que ya siente deficiencias en servicios públicos puede interpretar un incremento súbito del transporte y los alimentos no como un acontecimiento económico aislado, sino como una nueva manifestación del abandono estatal.
Eso transforma una protesta sectorial en una protesta política.
Y precisamente por eso la respuesta del Gobierno no debería consistir únicamente en señalar que el petróleo internacional subió. Debe explicar el precio, presentar medidas y abrir diálogo antes de que el malestar económico incorpore todas las frustraciones regionales acumuladas.
Pero existe también una responsabilidad para el ciudadano.
No todos los grifos necesariamente venden al mismo precio.
Y allí aparece una herramienta todavía insuficientemente aprovechada: Facilito, de Osinergmin.
El aplicativo utiliza la ubicación del teléfono para mostrar estaciones formales próximas, identificar precios y destacar las alternativas más económicas. También permite reportar casos donde el precio cobrado no coincide con el informado al sistema.
Eso parece una pequeña acción individual, pero tiene un enorme significado económico.
Si dos estaciones venden esencialmente el mismo combustible y una lo ofrece sensiblemente más barato, el consumidor puede premiar con su compra al establecimiento más competitivo.
Cuando miles de consumidores hacen lo mismo, la información se convierte en presión de mercado.
Facilito no va a resolver una guerra internacional, no elimina los costos logísticos amazónicos y tampoco sustituye una política energética.
Pero sí combate algo fundamental: la asimetría de información.
Antes de llenar el tanque, comparar debería convertirse en hábito.
Y el Gobierno podría dar un paso adicional: hacer que los datos de Facilito sean verdaderamente visibles y comprensibles, difundiendo diariamente rangos regionales, promedios, variaciones extraordinarias y establecimientos con precios más competitivos.
La protesta y Facilito representan, en realidad, dos formas distintas mediante las cuales el ciudadano responde a un precio que considera excesivo.
Una actúa políticamente reclamando al Estado.
La otra actúa económicamente escogiendo a quién comprar.
Ambas son legítimas.
Lo que no deberíamos hacer es reemplazar evidencia por consignas.
No existen, hasta el momento, datos que permitan afirmar que el mapa de las protestas reproduce el mapa de las regiones que votaron contra Keiko Fujimori. Ucayali y Loreto constituyen precisamente dos contraejemplos importantes.
Eso tampoco libera al nuevo Gobierno de responsabilidad.
El shock internacional comenzó antes de su instalación y, por tanto, sería incorrecto atribuirle su origen. Pero desde el 28 de julio la responsabilidad de conducir la respuesta corresponde al actual Ejecutivo.
Gobernar significa precisamente recibir problemas que uno no creó y resolverlos.
La política responsable comienza por allí: separar hechos de sospechas, legítimas protestas de aprovechamientos políticos y causas internacionales de responsabilidades nacionales.
Y mientras el Estado hace su parte, nosotros podemos comenzar por algo mucho más sencillo:
antes de cargar combustible, comparemos Marco A. Cruzalegui
