Frente al incremento de los combustibles siempre aparece una propuesta aparentemente sencilla: que el Estado pague una parte y reduzca el precio.
El problema comienza después, cuando alguien tiene que responder la pregunta que casi nunca acompaña al ofrecimiento: ¿quién paga el subsidio y durante cuánto tiempo?
El Gobierno peruano necesita intervenir frente a una situación excepcional, particularmente en la Amazonía. Pero intervenir responsablemente no significa congelar todos los precios ni comprometer ilimitadamente recursos públicos.
Hay alternativas intermedias.
En mayo de este año, mediante el Decreto de Urgencia 004-2026, se aprobó un subsidio temporal de S/4 por cada galón de diésel B5 o B20, adquirido por transportistas autorizados de pasajeros y mercancías durante un período de dos meses. No era un subsidio universal, sino focalizado y temporal.
Ahora, ante la crisis amazónica de agosto, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que coordina con el MEF un nuevo subsidio directo de corto plazo para aliviar el impacto de los precios en la selva.
La idea puede ser correcta. La diferencia entre una buena y una mala política estará en su diseño.
Un subsidio responsable debería reunir cuando menos cuatro condiciones: ser temporal, estar focalizado, tener un monto máximo presupuestado y contar con mecanismos de comprobación que permitan saber quién recibe el beneficio y si realmente llega al usuario final.
No tendría sentido subvencionar por igual el combustible utilizado para transportar alimentos que el consumido por actividades con capacidad económica suficiente para absorber el incremento.
Tampoco resulta razonable crear un beneficio indefinido. Si el precio internacional vuelve a niveles normales, el subsidio debe desaparecer.
Existe además otro instrumento que ha regresado al debate: el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC.
Aquí conviene hacer una precisión terminológica. Cuando hablamos de combustibles, lo técnicamente correcto es referirnos al FEPC y a sus bandas de precios objetivo. No debe confundirse este mecanismo con el denominado Sistema de Franja de Precios utilizado para determinados productos agropecuarios.
El FEPC busca amortiguar las oscilaciones internacionales mediante factores de compensación y aportación relacionados con una banda de precios. Osinergmin calcula y publica referencias y bandas, dentro del marco correspondiente, mientras el mecanismo permite reducir la velocidad con que una variación internacional extrema llega al mercado interno.
Pero estabilizar no significa regalar combustible.
Cuando la cotización internacional se mantiene durante mucho tiempo por encima de los niveles previstos, la compensación tiene costo fiscal. Por eso cualquier ampliación extraordinaria del FEPC debe tener límites explícitos.
En estos días se habla de su reactivación o utilización frente a la emergencia; sin embargo, todavía se vienen reclamando precisiones al MEF sobre cronograma, combustibles incluidos, recursos requeridos e impacto esperado en el precio final.
Esa información debe conocerse antes de convertir el anuncio en aplauso o crítica.
Existe, además, una segunda línea de intervención que puede ser mucho menos costosa que subsidiar permanentemente: reducir las ineficiencias de la cadena.
El Gobierno ha anunciado que Aguaytía Energy facilitará dos tanques a Petroperú para aumentar la capacidad de almacenamiento en Ucayali.
Es una decisión importante porque una región mejor abastecida y con mayor capacidad de almacenamiento está en mejores condiciones para enfrentar interrupciones, aumentos extraordinarios de demanda o problemas en la distribución.
La tercera herramienta es competencia.
Los precios de los combustibles en el Perú son libres. El Estado no debería sustituir al mercado estableciendo arbitrariamente cuánto debe cobrar cada estación. Su tarea consiste en impedir prácticas ilegales, garantizar seguridad, proporcionar información y hacer posible que el consumidor compare.
Precisamente allí aparece Facilito, la herramienta de Osinergmin que permite identificar estaciones formales cercanas y comparar los precios reportados. También permite denunciar cuando el precio encontrado en el establecimiento no coincide con el registrado en el aplicativo.
Un consumidor informado genera presión competitiva sin gastar un sol del presupuesto nacional.
Finalmente está el problema fiscal.
No sería razonable financiar una reducción permanente del combustible sacrificando recursos destinados a hospitales, carreteras, seguridad o prevención frente a desastres. Tampoco corresponde convertir un shock transitorio en un gasto permanente.
La intervención debería financiarse dentro del presupuesto público, establecer un techo, concentrarse en quienes transmiten directamente el precio hacia la canasta familiar —como transporte público y carga— y desaparecer cuando desaparezca la emergencia.
Tenemos, por tanto, una salida posible: subsidio focalizado y temporal; FEPC con límites fiscales; más almacenamiento; mayor competencia; y transparencia absoluta de precios.
No necesitamos escoger entre abandonar al consumidor y quebrar las cuentas públicas.
Lo que necesitamos es una política técnicamente diseñada.
Porque subsidiar responsablemente durante una emergencia puede ser política social.
Subsidiar indefinidamente sin saber cuánto cuesta termina siendo simplemente transferir la factura al mismo ciudadano, pero a través de sus impuestos Marco A. Cruzalegui
