El próximo 4 de octubre elegiremos nuevas autoridades municipales. En la provincia de Moyobamba serán elegidos alcaldes para seis gobiernos locales: Moyobamba, Soritor, Jepelacio, Calzada, Habana y Yantaló. En la provincia de San Martín hablamos de catorce: Tarapoto y otros trece distritos. Entre ambas provincias suman 20 municipalidades.
La pregunta incómoda que deberíamos hacer durante esta campaña es sencilla: ¿cada una necesita hacer por separado todo lo que hacen las demás?
No estamos proponiendo eliminar municipalidades, distritos ni alcaldes. La autonomía municipal es fundamental porque cada pueblo necesita autoridades que conozcan sus problemas y respondan ante sus ciudadanos.
El problema está en otra parte.
Una municipalidad puede necesitar una motoniveladora algunas semanas; otra, una excavadora durante una emergencia; otra debe contratar un ingeniero especializado para determinado proyecto; otra requiere actualizar su catastro; otra necesita especialistas ambientales, informáticos o en saneamiento físico-legal.
¿Qué hacemos normalmente?
Cada municipio intenta resolver el mismo problema por su cuenta.
Uno compra maquinaria. Otro alquila. Otra contrata un consultor. Otro crea una oficina. Otro simplemente no hace nada porque su presupuesto no alcanza.
Eso merece ser revisado.
Una motoniveladora no produce beneficio por pertenecer a una municipalidad. Produce beneficio cuando está trabajando. Un especialista no sirve porque aparece en un organigrama, sino porque resuelve problemas. Un sistema informático no es mejor porque cada municipio compre el suyo. Y un proyecto no mejora porque catorce municipalidades tengan catorce pequeñas oficinas intentando hacer lo mismo.
El ciudadano no necesita veinte burocracias autosuficientes. Necesita veinte municipalidades capaces de resolver problemas.
Ahí aparece una posibilidad que nuestras próximas autoridades deberían estudiar seriamente: los servicios municipales compartidos.
La Ley de Mancomunidad Municipal permite que dos o más municipalidades, sean o no colindantes, se asocien para prestar conjuntamente servicios y ejecutar proyectos. Es decir, el marco jurídico para cooperar ya existe.
Pensemos en Moyobamba.
¿Necesitan Moyobamba, Soritor, Jepelacio, Yantaló, Habana y Calzada poseer individualmente todo el parque de maquinaria imaginable? ¿O determinados equipos de alto costo podrían integrar un parque provincial administrado profesionalmente, con programación pública de horas de trabajo, combustible, mantenimiento y prioridades?
Ahora llevemos la misma pregunta a San Martín, una provincia de 14 distritos.
¿Tiene sentido que municipalidades pequeñas pretendan sostener individualmente especialistas que solamente necesitan ocasionalmente? ¿Podría existir un equipo técnico altamente calificado que formule proyectos, apoye saneamiento, catastro, gestión ambiental o determinados estudios para varias municipalidades?
Lo mismo debemos preguntarnos respecto de residuos sólidos. La recolección cotidiana puede continuar siendo responsabilidad de cada municipio, pero plantas, equipamiento pesado, valorización, transferencia o disposición final pueden requerir una escala territorial mayor.
No afirmamos todavía que compartir cada uno de esos servicios producirá ahorro. Eso debe demostrarse con números.
La regla debe ser muy clara:
se comparte solamente aquello que resulte más barato, más eficiente o técnicamente mejor compartido que administrado individualmente.
Por eso una de las primeras tareas de las autoridades que asuman funciones en enero de 2027 debería ser transparentar cuánto cuesta actualmente cada servicio: cuánto gastamos en alquiler de maquinaria; cuántas horas trabajan los equipos municipales; cuánto cuesta mantenerlos detenidos; cuánto se paga en consultorías repetitivas; cuánto demora formular un proyecto; cuánto cuesta gestionar una tonelada de residuos; cuánto gastamos en sistemas informáticos semejantes.
Después se compara.
Si trabajar separados cuesta menos y funciona mejor, seguimos separados.
Pero si podemos gastar menos y servir mejor trabajando juntos, seguir duplicando gastos dejaría de ser autonomía para convertirse en ineficiencia.
Lo interesante es que no estamos inventando una teoría extranjera. En ambas provincias existen Institutos Viales Provinciales que precisamente articulan a municipalidades diferentes para atender una problemática común. En San Martín, incluso, el IVP está integrado por la municipalidad provincial y las trece municipalidades distritales.
Entonces la pregunta electoral ya no debería ser solamente:
“¿Qué obra hará usted en mi distrito?”
También debemos preguntar:
“¿Qué está dispuesto a compartir con los otros municipios para que mi dinero alcance para más?”
El alcalde moderno no será necesariamente quien tenga más maquinaria, más oficinas o más funcionarios.
Será quien consiga más resultados con cada sol que pagan los ciudadanos.
Y para lograrlo, muchas veces tendrá que descubrir algo elemental: el distrito vecino no siempre es un competidor.
También puede ser un socio. Por Marco A. Cruzalegui
