Titular de la Corte de San Martín es designado como miembro de la Comisión de Justicia intercultural del Poder Judicial

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Grupo de trabajo la preside juez supremo Carlos Giovani Arias Lazarte. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) conformó la Comisión de Justicia Intercultural de este poder del Estado para el año 2023, la cual será presidida por el juez supremo titular Carlos Giovani Arias Lazarte. 

Esta comisión también lo conforma la autoridad judicial de San Martín, Walter Francisco Ángeles Bachet.  

Los otros integrantes de este grupo de trabajo los jueces superiores Wilber Bustamante del Castillo, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Jorge Fernando Bazán Cerdán (Cajamarca), Pércida Damaris Luján Zuasnabar (Junín), Rolando Tito Quispe (Cusco), Vicente Paul Espinoza Santillán, consejero responsable de la Justicia de Paz y Justicia Indígena,  Ricardo Hobispo Granados, jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, Jessica Chahud Carrasco, productora de la Subgerencia del Canal de Información Judicial-Justicia TV de la Gerencia de Imagen y Comunicaciones de la Gerencia General del Poder Judicial, y como secretario técnico Pedro José Castillo Castañeda. 

Entre los objetivos de conformar la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, es con el propósito de que sus integrantes puedan continuar con la implementación y monitoreo de las estrategias y acciones de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, aprobada mediante la Resolución Administrativa N. o 499-2012-P-PJ, del 17 de diciembre de 2012 

También implementar y difundir las estrategias y acciones contenidas en la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural del Poder Judicial, en su interrelación con la justicia indígena, tanto en lo referente al mutuo conocimiento de los sistemas de justicia a nivel sociológico y legal, a la coordinación entre sistemas de justicia y la resolución de conflictos entre ellos. 

Así como a la formulación de las iniciativas legislativas correspondientes y la articulación de estas labores con aquellas propias de la justicia de paz. 

De igual modo, consolidar la posición institucional del Poder Judicial en su relación de coordinación y colaboración con la justicia especial, en un contexto de interculturalidad y de protección efectiva de los derechos humanos. 

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