El Estudio Jurídico Marco Antonio Cruzalegui Chávez, en su labor de observancia del debido proceso y del control de la función pública, pone en conocimiento de la opinión pública los hechos denunciados en relación a la congresista Lucinda Vásquez, representante de la región San Martín, así como los posibles delitos que éstos habilitan y el procedimiento que debe seguirse para su investigación.
- Hechos denunciados
Según lo recogido por medios nacionales, se han detectado presuntamente las siguientes irregularidades:
- Un asesor del despacho de la congresista, identificado como Edwar Rengifo Pezo —sobrino nieto de la parlamentaria—, habría sido captado cortándole las uñas de los pies a la congresista, dentro de su oficina congresal en horario laboral.
- Dos otros trabajadores del despacho habrían sido destinados a preparar alimentos para la congresista en horario laboral.
- La contratación de familiares directos de la congresista en su despacho (por lo menos tres sobrinos) con sueldos elevados.
- Visitas reiteradas al despacho congresal de un hijo de la congresista, quien no figura como trabajador del Congreso, identificándose como si lo fuera.
- Denuncias de antiguos asesores que afirman haber sido obligados a entregar parte de sus sueldos a la congresista mediante supuestas “modalidades de préstamos” no devueltos, y transferencias bancarias a personas allegadas.
- Posibles delitos aplicables
De los hechos señalados pueden derivarse diversas responsabilidades penales y administrativas. Entre ellas destacan:
- Aprovechamiento indebido del cargo: Si un servidor público o congresista utiliza sus funciones para favorecer a familiares o allegados, destinar recursos del Estado en beneficio personal o desviar funciones de sus trabajadores, podría configurarse este delito.
- Negociación incompatible o conflicto de intereses: La contratación de familiares en el despacho de la parlamentaria, la asignación de funciones ajenas al puesto de trabajo (como tareas personales de la congresista) y la exigencia de cuotas salariales podrían constituir negociación incompatible o conflicto de intereses, según lo previsto en la normativa peruana.
- Malversación o peculado: Si los trabajadores del despacho público son pagados por funciones del Estado y terminan desarrollando trabajo de manutención o servicio personal para la congresista, ello podría implicar uso indebido de recursos públicos.
- Colusión o tráfico de influencias: Si se demuestra que habría habido concertación ilícita para favorecer a los familiares de la congresista o utilizar las funciones parlamentarias para el beneficio privado, cabe evaluar la configuración de estos ilícitos.
- Violación del régimen de servidores públicos / inhabilitación / sanción administrativa: Independientemente del ámbito penal, estas conductas pueden dar lugar a sanciones administrativas, suspensión, devolución de montos indebidamente percibidos, e inhabilitación.
- Procedimiento que debe seguirse
Para garantizar la transparencia y el Estado de Derecho, se debe activar el siguiente procedimiento:
- Denuncia o alerta administrativa ante la Oficina de Control de la Contraloría General de la República del Perú o la Fiscalía de la Nación, a fin de que se inicie la investigación correspondiente de los hechos denunciados.
- La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso debe evaluar una sesión de carácter interno para investigar la conducta de la congresista, conforme al Reglamento del Congreso.
- De resultar indicios suficientes, se abriría una investigación penal formal por parte de la Fiscalía, con recolección de pruebas (documentación de contratos, cargos laborales, transferencias bancarias, pruebas fotográficas, testimonios de los trabajadores, etc.).
- Simultáneamente, puede iniciarse un proceso administrativo sancionador en contra de la congresista y/o sus asesores, que puede derivar en la devolución de fondos, sanciones pecuniarias, inhabilitación para desempeñar cargo público y expulsión del Congreso si corresponde.
- Se debe garantizar el principio de publicidad y debido proceso: derecho de defensa de la congresista, acceso a pruebas, transparencia de los actos de investigación y garantía de imparcialidad.
- Finalmente, si la denuncia prospera, se deberán identificar los montos exactos involucrados, la responsabilidad individual de cada actor y formular la correspondiente denuncia constitucional ante el Congreso, en caso de que la congresista tenga inmunidad parlamentaria.
- Nuestra propuesta de seguimiento
Como parte de nuestra labor pro-bono de observancia ciudadana, proponemos que:
- Se tome registro público de todos los trabajadores contratados en el despacho de la congresista, con sus salarios, fecha de ingreso y función.
- Se requiera al Congreso el detalle de horas trabajadas y funciones asignadas a cada trabajador denunciado.
- Se pida a la congresista un informe público de los movimientos de personal en su despacho durante el periodo cuestionado.
- Se solicite a la Fiscalía que determine el origen de los depósitos/transferencias bancarias mencionadas, así como los préstamos que no fueron devueltos.
- Se difunda públicamente el avance del procedimiento para asegurar que la ciudadanía tenga conocimiento y se ejerza el control social.
- Conclusión
El ejercicio del cargo parlamentario exige un estándar de integridad, transparencia y correcta asignación de recursos públicos. Los hechos denunciados implican una posible vulneración grave de esos principios. Es indispensable que los organismos competentes actúen con celeridad y rigor para garantizar la rendición de cuentas y evitar impunidad.
El Estudio Jurídico Marco Antonio Cruzalegui Chávez está disponible para facilitar información jurídica, seguimiento y asesoramiento en todo lo relativo al caso (Marco Antonio Cruzalegui Chávez
Abogado – CASM N.º 861)
