Cientos de ciudadanos se levantan exigiendo medidas que pongan fin a extorsión, sicariato y delincuencia en general.
A la jornada de paro de transportistas en Lima se unieron varios grupos de comerciantes con una sola consigna: llegar al Congreso de la República y que escuchen sus llamados a la acción en medio de una incesante ola de extorsión, sicariato y criminalidad en general.
Manifestantes de la zona norte de la capital se reunieron y abarrotaron la vía Panamericana Norte para marchar con dirección al Palacio Legislativo, ubicado en la avenida Abancay.
Resguardados por un gran número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), los ciudadanos -vestidos en su mayoría con prendas blancas- exteriorizan su pedido de ayuda con cacerolazos, cornetas y cánticos.
La movilización de los transportistas tiene su origen en el incremento de las extorsiones que afectaron a diferentes gremios en las últimas semanas. Los criminales se aprovechan de la necesidad de los transportistas de trabajar para sustentar sus familias, obligándolos a pagar ‘cupos’ para evitar represalias.
Entre los pedidos elevados por los comerciantes y transportistas se destaca la derogación de la Ley 32108, llamada también ley contra el crimen organizado.
Esta norma fue creada para combatir las estructuras delictivas organizadas y permite una serie de medidas para intervenir en actividades relacionadas con el crimen organizado. Esto incluye investigaciones más profundas, colaboración entre instituciones del Estado y el uso de métodos especiales de investigación.
Sin embargo, los transportistas alegan que esta ley no está siendo efectiva en la lucha contra las mafias que los extorsionan. Más bien, sugieren que obstaculiza o limita las intervenciones necesarias para desarticular estas bandas delincuenciales.