La fuerza militar puede recuperar temporalmente un territorio. La seguridad duradera exige Policía, Fiscalía, justicia, gobiernos territoriales, rondas campesinas y ciudadanía organizada.
La presidenta Keiko Fujimori ha colocado la seguridad ciudadana entre las primeras emergencias nacionales y ha anunciado que, durante determinados estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo del orden interno. La medida transmite firmeza frente a una población golpeada por extorsión, sicariato, narcotráfico y economías ilegales.
Pero la primera precisión debe ser contundente: la seguridad sostenible no se recupera únicamente con soldados en las calles. Las Fuerzas Armadas pueden proteger infraestructura, bloquear rutas ilegales y recuperar temporalmente un territorio. No están diseñadas para investigar llamadas extorsivas, seguir cuentas bancarias, proteger testigos ni construir acusaciones penales.
La Constitución ya permite que asuman el control del orden interno cuando el Ejecutivo lo dispone expresamente dentro de un estado de emergencia. La herramienta no es nueva. Lo novedoso es presentarla como orientación central del nuevo gobierno. El debate decisivo es qué ocurrirá después del despliegue y cómo se evitará que el crimen regrese.
La experiencia internacional muestra que funcionan mejor las intervenciones concentradas en los lugares, personas y organizaciones que producen mayor violencia. Los puntos críticos pueden ser calles, mercados, paraderos, establecimientos, rutas u horarios. Allí deben combinarse patrullaje, investigación, iluminación, fiscalización, cámaras y recuperación del espacio público.
Otra estrategia eficaz es seguir el dinero. Una organización puede reemplazar al cobrador o al sicario detenido. Tiene mayores dificultades si el Estado congela cuentas, incauta inmuebles, identifica empresas de fachada, descubre testaferros y recupera activos. Capturar al ejecutor no basta: hay que desarticular la empresa criminal.
El Gobierno nacional debe conducir esta estrategia, fortalecer la Policía, reformar las cárceles e integrar inteligencia policial, financiera y penitenciaria. Pero los gobiernos territoriales también tienen responsabilidades.
El Gobierno Regional de San Martín no dirige a la Policía ni a la Fiscalía, pero administra carreteras departamentales, educación, salud, bosques, ambiente, desarrollo económico y planificación territorial. Debe articular acciones frente a narcotráfico, tala y minería ilegales, tráfico de tierras, lavado de activos y corredores criminales.
Las municipalidades provinciales deben coordinar transporte, terminales, mercados y serenazgo interdistrital. Las distritales conocen barrios, parques, paraderos y establecimientos donde se repiten los problemas. Pueden intervenir en iluminación, cámaras, licencias, rutas seguras, consumo de alcohol, recuperación de espacios y fiscalización.
Cada municipalidad debería publicar sus diez principales puntos críticos, indicando el problema, sus causas, las instituciones responsables, el presupuesto, el plazo y el resultado esperado. La seguridad no debe medirse por patrulleros comprados, sino por delitos efectivamente reducidos.
En San Martín, ninguna política seria puede ignorar a las rondas campesinas. Su conocimiento de caminos, trochas, quebradas, conflictos de tierras y movimientos extraños constituye una capacidad territorial que el Estado no posee. Su participación debe realizarse dentro de la Constitución y la ley, con capacitación, protocolos de coordinación, preservación de evidencia y entrega inmediata de personas a la autoridad competente.
Las rondas no deben sustituir a la Policía, la Fiscalía o el Poder Judicial ni ser utilizadas políticamente. Su función más valiosa es la alerta temprana, la prevención comunitaria y la transmisión segura de información.
La Policía debe seguir siendo la institución central de la seguridad ciudadana. Necesita investigación criminal, inteligencia financiera, control interno, tecnología interoperable y confianza pública. La Fiscalía debe investigar organizaciones completas: cabecillas, financistas, cuentas, empresas, armas, comunicaciones y vínculos penitenciarios. El Poder Judicial debe resolver oportunamente y con legalidad.
También debe reformarse el sistema penitenciario. Una cárcel desde la cual se ordenan extorsiones no neutraliza al delincuente; le ofrece un centro de operaciones protegido por el propio Estado.
La ciudadanía tampoco debe permanecer como espectadora. Comerciantes, transportistas, productores, comunidades nativas, rondas campesinas, universidades, colegios profesionales y medios conocen información que no aparece en las estadísticas. El Gobierno debe crear mecanismos formales para recibir, evaluar y responder sus propuestas.
La presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso deberá precisar los delitos prioritarios, los territorios de intervención militar, el presupuesto, el mando, los protocolos, la participación de los gobiernos territoriales y rondas, y los indicadores que determinarán la continuidad de cada emergencia.
La seguridad no se mide por soldados desplegados, detenidos mostrados ante cámaras o días de emergencia. Se mide por organizaciones desarticuladas, activos incautados, extorsiones esclarecidas, homicidios reducidos, víctimas protegidas y territorios que permanecen seguros.
Las Fuerzas Armadas pueden ayudar a recuperar temporalmente un espacio. Solo una Policía competente, una Fiscalía eficaz, jueces oportunos, gobiernos territoriales activos, rondas campesinas integradas y ciudadanía organizada pueden conservarlo. (Autor: Marco A. Cruzalegui)
