Por: Marco Antonio Cruzalegui Chávez – Abogado
En los últimos días se ha intentado restar importancia a la figura de la colaboración eficaz dentro de una investigación penal que involucra a autoridades públicas. Algunos han querido presentarla como si se tratara simplemente de la declaración de una persona interesada en salvarse de un proceso.
Esa afirmación no solo es equivocada, sino que revela una preocupante falta de comprensión sobre cómo funciona el sistema de justicia frente a los delitos de corrupción.
La colaboración eficaz no es una versión informal ni una historia contada a conveniencia. Es una figura jurídica regulada por el Código Procesal Penal en los artículos 472 al 481, que permite que una persona involucrada en un delito brinde información relevante a la justicia para descubrir cómo se cometieron los hechos, quiénes participaron y cómo operaban las redes de corrupción.
Pero lo más importante es lo siguiente: la ley no acepta declaraciones sin sustento.
Para que una persona sea admitida como colaborador eficaz, la información que proporciona debe ser útil, relevante y verificable, y el Ministerio Público tiene la obligación de corroborarla mediante actos de investigación independientes. Es decir, la justicia no se basa en lo que alguien dice, sino en lo que puede demostrarse con pruebas.
Por eso resulta irresponsable pretender minimizar este mecanismo. Cuando una persona decide colaborar con la justicia y revelar lo que ocurrió desde dentro de una estructura delictiva, lo que se abre es una línea de investigación que puede conducir a descubrir hechos que de otra manera permanecerían ocultos.
Y esto es especialmente importante en los casos de corrupción pública.
Los delitos que se cometen desde el poder rara vez dejan pruebas evidentes. Muchas veces se ejecutan dentro de redes cerradas donde todos los participantes se protegen entre sí. En esos escenarios, la única forma de romper el silencio y descubrir la verdad es precisamente cuando alguien decide hablar.
Así funcionan los sistemas modernos de justicia en todo el mundo.
Las grandes investigaciones de corrupción en el Perú y en otros países han avanzado justamente gracias a la colaboración de personas que participaron en los hechos y que decidieron contar cómo operaban esas estructuras.
Por supuesto, la colaboración eficaz no condena a nadie por sí sola. Eso también debe quedar claro. En un Estado de Derecho, la culpabilidad solo puede determinarse mediante un proceso judicial con todas las garantías del debido proceso.
Pero lo que sí significa es que la justicia ha encontrado información que merece ser investigada y verificada.
Por eso, en lugar de intentar desacreditar este mecanismo o de restarle importancia, lo que corresponde es permitir que las investigaciones sigan su curso con absoluta transparencia.
Cuando se trata de la gestión pública, la sociedad tiene derecho a saber la verdad.
La corrupción no se combate negando los hechos ni descalificando las herramientas de investigación. Se combate permitiendo que la justicia investigue, que las pruebas se verifiquen y que las responsabilidades se determinen donde corresponde: en los tribunales.
La colaboración eficaz no es un espectáculo mediático. Es una herramienta legal que existe precisamente para que las estructuras de corrupción no queden impunes.
Y cuando alguien que estuvo dentro de esos hechos decide hablar, la justicia tiene la obligación de escuchar… y de investigar.
