En el Perú se ha instalado una pregunta que incomoda al sistema político, pero que cada vez es más frecuente en la ciudadanía:
¿es razonable que para gobernar un país, una región o una municipalidad no se exija ningún requisito de conocimiento ni experiencia en gestión pública?
La paradoja es evidente. Para trabajar en el Estado —como funcionario o servidor público— se exige formación académica, experiencia acreditada, concursos y evaluaciones. Pero para dirigir el Estado como regidor, alcalde, consejero regional, gobernador regional, diputado, senador o presidente de la República, basta con tener un DNI, cumplir una edad mínima y, en algunos casos, haber nacido o residido en la jurisdicción.
Nada más.
Esta realidad alimenta la percepción ciudadana de que los requisitos actuales son claramente insuficientes para asumir responsabilidades de enorme complejidad.
