Más presencia y tecnología pueden ayudar, pero la seguridad depende de una institución capaz de investigar, proteger a la víctima y construir pruebas que resistan ante la justicia.
Autor: Marco A. Cruzalegui
La seguridad ciudadana depende, en último término, de una Policía capaz de prevenir, investigar y construir pruebas. Los militares pueden apoyar excepcionalmente, las municipalidades pueden recuperar espacios y el Gobierno Regional puede articular el territorio; pero la institución encargada ordinariamente de proteger a la población y enfrentar el delito es la Policía Nacional.
Durante años hemos confundido presencia con eficacia. Se anuncian patrulleros, cámaras y operativos, mientras el ciudadano sigue preguntándose quién investigará la llamada de extorsión, seguirá la cuenta bancaria o identificará al verdadero jefe de la organización.
Una Policía moderna debe prevenir, recibir información, responder, investigar y generar prueba válida. Si detiene sin investigar, el caso se debilita; si no inspira confianza, trabaja sin información; y si filtra datos, expone a la víctima.
La experiencia internacional demuestra que el delito se concentra en pequeños espacios, horarios y grupos. La policía de puntos críticos dirige recursos hacia calles, mercados o terminales donde se repiten hechos violentos. La evidencia comparada muestra que la solución de problemas produce efectos más sostenibles que la sola presencia visible.
Esto significa que cada comisaría debería conocer con precisión sus principales puntos críticos. No basta un mapa coloreado. Se necesita explicar qué ocurre, cuándo, quiénes participan, qué negocio facilita el delito, qué ruta permite escapar y qué intervención puede modificarlo.
El segundo cambio es pasar del operativo aislado a la policía orientada a problemas. Frente a robos reiterados en un mercado, la respuesta puede combinar patrullaje, iluminación, control de accesos y fiscalización. Frente a extorsión de transportistas, se requiere denuncia segura, análisis de llamadas, seguimiento bancario e inteligencia penitenciaria.
El tercer cambio es fortalecer investigación criminal y criminalística. Una organización no se desarticula capturando al cobrador: deben identificarse cabecillas, financistas, teléfonos, cuentas, empresas, testaferros y conexiones penitenciarias. Las investigaciones financieras permiten revelar esas redes.
Cada investigación de extorsión, narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal o trata debería incorporar análisis financiero y patrimonial, con investigadores, peritos, analistas de datos y coordinación con Fiscalía, UIF, Sunat y entidades bancarias.
El cuarto cambio es reconstruir la confianza. El ciudadano conoce quién cobra cupos, dónde se venden bienes robados, qué vehículo vigila un negocio o qué ruta utiliza una carga ilegal. Pero no denunciará si teme filtraciones, represalias o indiferencia.
La policía comunitaria no consiste en ceremonias. Exige permanencia territorial, conocimiento de comerciantes, transportistas, rondas y comunidades, y capacidad para volver con una respuesta.
En zonas rurales de San Martín, las rondas campesinas pueden convertirse en aliadas fundamentales. Conocen trochas, movimientos nocturnos, conflictos de tierras, ingreso de maquinaria y presencia de extraños. Esa información debe recibirse mediante protocolos seguros, respetando los derechos fundamentales y evitando que las rondas sustituyan la investigación policial.
El quinto cambio es enfrentar la corrupción interna. Un solo policía vinculado con una organización puede destruir meses de investigación, advertir a un cabecilla o identificar al denunciante. La depuración requiere asuntos internos con autonomía, protección al policía honesto, control patrimonial, rotaciones justificadas y sanciones rápidas con debido proceso.
La tecnología puede mejorar la respuesta, pero sin mantenimiento, operadores, interoperabilidad y reglas para conservar evidencia se convierte en una compra costosa y operativamente inútil.
San Martín necesita una Policía adaptada a sus territorios. En Moyobamba, Tarapoto, Rioja y otras ciudades se requiere prevención urbana, investigación de extorsión, violencia familiar, robos y drogas. En carreteras se necesita inteligencia vial y control de rutas. En bosques y zonas rurales se necesitan capacidades ambientales, investigación financiera y coordinación con comunidades y rondas.
La evaluación policial debe cambiar. No basta contar operativos, papeletas, intervenidos o vehículos adquiridos. Deben medirse delitos esclarecidos, organizaciones desarticuladas, armas incautadas, activos congelados, tiempo de respuesta, denuncias atendidas, víctimas protegidas, reincidencia y confianza ciudadana.
El nuevo Gobierno ha ofrecido modernización, inteligencia artificial, videovigilancia interconectada, mérito policial y sanción a quienes traicionen el uniforme. Son anuncios razonables, pero dependerán de presupuesto, capacitación, liderazgo y continuidad.
La Policía que el Perú necesita no es únicamente más numerosa ni más visible. Debe ser profesional, territorial, investigadora y confiable.
Porque el ciudadano no necesita ver más operativos en televisión. Necesita saber que, cuando denuncie, el Estado podrá identificar al responsable, protegerlo y llevar un caso sólido ante la justicia.
