En la primera sesión multisectorial, se reportó que más de 200 operativos permitieron desarticular la minería ilegal e incautar maquinaria por más de S/ 2 millones.
Se desarrolló la primera sesión de trabajo de la Plataforma Multisectorial para la Articulación Interinstitucional en la lucha contra la minería ilegal en San Martín, donde se identificaron focos críticos de esta actividad ilícita y se acordaron acciones orientadas a fortalecer la respuesta del Estado en la región.
En ese marco, el Gobierno Regional de San Martín informó que, entre 2023 y 2025, se han ejecutado más de 200 acciones articuladas de fiscalización, supervisión e interdicción. Estas intervenciones permitieron la destrucción de bocaminas y campamentos ilegales, así como la incautación de maquinaria valorizada en más de 2 millones de soles.
Durante la sesión, también se analizó la situación actual de la minería en la región, evidenciándose la presencia de actividad ilegal en el distrito de Shunte, provincia de Tocache, así como en el río Huallaga, en los tramos Pelejo–Yarina y Madre Mía–Tocache. En estas zonas, las autoridades reportaron la existencia de socavones, campamentos y el uso de maquinaria especializada, lo que representa un grave riesgo para los recursos naturales, la calidad del agua y la seguridad de las poblaciones cercanas.
De acuerdo con lo expuesto, se advirtió que esta problemática se ha intensificado debido al desplazamiento de operadores vinculados a la minería ilegal desde la provincia de Pataz, en La Libertad, lo que incrementa la presión sobre los territorios de San Martín. Por tal motivo, la plataforma evaluó la necesidad de impulsar medidas para reforzar la intervención estatal, entre ellas la posibilidad de gestionar la declaratoria de estado de emergencia en el distrito de Shunte, con el fin de intensificar las acciones de control y fiscalización.
Además, esta mesa de diálogo contó con la participación de entidades nacionales como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú, el Ministerio Público y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI); así como instituciones regionales y especializadas como el SERNANP y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), además de gobiernos locales como la Municipalidad Provincial de Tocache y la Municipalidad Distrital de Shunte.
