Por Marco Antonio Cruzalegui Chávez
He escuchado a muchos candidatos a diputados y senadores, y la mayoría ofrece lo mismo: escuelas, postas, hospitales, carreteras, puentes y aeropuertos. Hablan como si estuvieran postulando al Ministerio de Economía, al Ministerio de Transportes, a un gobierno regional o a una alcaldía. Pero no. Quieren llegar al Congreso. Y conviene decirlo sin rodeos: un diputado o un senador no está en el centro del sistema para inaugurar cemento, sino para legislar, fiscalizar y representar. Eso es exactamente lo que la propia organización constitucional del poder legislativo reconoce; y, en el plano subnacional, la lógica se repite con regidores y consejeros regionales, que también tienen funciones normativas y de fiscalización.
El problema de fondo no es solo de los candidatos. Es también de la ciudadanía. Como sociedad, todavía no valoramos suficientemente la fuerza de la ley. No hemos entendido del todo que en una democracia seria la herramienta más poderosa de gobierno no es el discurso ni la obra improvisada: es el buen marco legal. Las democracias sólidas no se construyen solo con presupuesto; se construyen con reglas inteligentes, estables, técnicamente bien diseñadas y fiscalizadas con rigor. Por eso tantos candidatos prometen ejecutar, cuando su deber principal será normar y controlar.
Una buena ley puede hacer más por la seguridad ciudadana que cien discursos de campaña. Si el Congreso legisla para profesionalizar de verdad a las Fuerzas Armadas y a la Policía, establecer ascensos transparentes, cerrar puertas a la captura política, elevar estándares de formación y someter el uso de recursos a control serio, la seguridad nacional y la seguridad cotidiana de la población cambiarán. El problema del Perú no es solo de cantidad de policías o de presupuesto; es también de diseño institucional. La ley define incentivos, carrera, controles, acceso, permanencia y sanciones. Allí empieza una seguridad pública seria.
Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario. Hoy muchos hablan de cárceles solo como depósitos humanos. Esa mirada es torpe e inútil. La experiencia comparada demuestra que la educación en prisión reduce la reincidencia y mejora la reinserción laboral: una evaluación de RAND encontró que las personas privadas de libertad que participaron en programas educativos tuvieron 43% menos probabilidades de reincidir que quienes no participaron. Eso quiere decir que una buena ley penitenciaria, que permita estudio técnico y universitario, uso de computadoras con filtros, formación digital y certificación laboral, no sería “blandura”; sería inteligencia de Estado.
También con ley se puede salvar la infraestructura de la lógica perversa actual: construir y abandonar. En el Perú se inauguran carreteras rurales, departamentales y nacionales que luego quedan a la deriva por falta de mantenimiento serio, gestión de activos y contratos de largo plazo. El Banco Mundial ha insistido en que el mantenimiento es crítico y que los esquemas de gestión de activos y de rehabilitación y mantenimiento por desempeño pueden elevar eficiencia y sostenibilidad. Por eso el debate legislativo debería estar en cómo crear un marco que permita concesionar, mantener, supervisar y exigir resultados, no en repetir como eslogan “voy a hacer carreteras” como si el parlamentario fuese ejecutor de obra.
En educación superior, el Congreso tampoco debería limitarse a slogans vacíos sobre “más universidades” o “más vacantes”. El mundo ya sabe que cuando la oferta educativa no conversa con la demanda del mercado laboral, el resultado es frustración, subempleo y baja productividad. La OCDE ha advertido que el desajuste entre formación y mercado de trabajo está asociado con menor productividad. Entonces, una legislación moderna debería empujar a que la educación superior responda no solo a condiciones mínimas de funcionamiento, sino también a tendencias productivas, brechas regionales de talento y necesidades futuras del país. No se trata de aplastar la libertad universitaria; se trata de impedir que sigamos fabricando decepción profesional en serie.
Otra gran batalla legislativa es la de la digitalización del Estado. Allí también muchos candidatos no están viendo lo esencial. No basta con hablar de “modernización”; hay que obligar normativamente al Estado a digitalizar procedimientos, interoperar bases de datos, eliminar trámites absurdos y virtualizar servicios. Estonia es el ejemplo clásico: la OCDE destaca que es uno de los países líderes en digitalización gubernamental y que prácticamente todos sus servicios públicos, salvo tres excepciones señaladas en el informe, se prestan de manera segura en línea. Eso no nació de la improvisación; nació de visión estatal, arquitectura institucional y respaldo legal. El Perú necesita congresistas que entiendan que una ley bien diseñada puede ahorrarle millones de horas de abuso burocrático al ciudadano.
Con mejores leyes también podríamos fortalecer de verdad a municipalidades y gobiernos regionales para que generen más ingresos propios, administren mejor su territorio y mejoren sus servicios. Y podríamos ordenar el crecimiento urbano para evitar ciudades caóticas, sin identidad y sin lógica territorial. La experiencia comparada muestra que las políticas urbanas nacionales y la planificación compacta e integrada mejoran accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad urbana. Es decir, el crecimiento de las ciudades tampoco debe quedar librado al capricho político de cada gestión o al negocio del momento. Allí también la ley importa, y mucho.
En el agro, una legislación inteligente podría hacer algo elemental y todavía pendiente: poner información útil del mercado al alcance del productor. El Banco Mundial ha destacado el valor de las tecnologías de información y de los vínculos de mercado para mejorar decisiones productivas, conectar a agricultores con compradores y reducir asimetrías de información. En un país donde costa, sierra y selva pueden producir al mismo tiempo sin coordinación suficiente, la información oportuna vale tanto como el crédito. Con ley se puede obligar al Estado a producir y abrir información estratégica de precios, demanda, exportación, riesgos y rentabilidad por territorio. Eso sería mucho más útil que miles de discursos vacíos sobre “apoyar al campo”.
También con ley se puede defender la meritocracia en todo el aparato público. Sin estabilidad técnica, sin ingreso por mérito, sin evaluación seria y sin barreras frente a la colonización política del Estado, ningún servicio mejora de verdad. El Banco Mundial ha insistido recientemente en que asegurar contrataciones meritocráticas es una medida urgente para tener una fuerza pública más eficiente y equitativa. Este punto es decisivo: un mal funcionario nombrado por cuota política puede destruir en meses lo que una buena institución tarda años en construir.
Y con mejores leyes también se golpea mejor a la delincuencia y a la corrupción. No hay lucha eficaz contra redes criminales ni corrupción sistémica sin herramientas legales para seguir el dinero, levantar secreto bajo control judicial, interceptar comunicaciones con estándares adecuados, integrar inteligencia financiera y acelerar cooperación entre entidades. La propia ONU, a través de UNODC, recuerda que la corrupción drena recursos, agrava desigualdades, alimenta conflictos y debilita las democracias. Quien no entiende eso no ha entendido nada del papel del legislador en el siglo XXI.
Por eso hay que decirlo con claridad en esta campaña: no le pidamos a un diputado lo que corresponde a un gobernador, a un alcalde o a un ministro. Y tampoco permitamos que el candidato se esconda detrás de esa confusión. Al diputado y al senador hay que exigirle tres cosas: buenas leyes, fiscalización valiente y representación inteligente. Lo mismo al consejero regional y al regidor municipal: normar bien, controlar mejor y representar de verdad. Cuando ellos fracasan en esas tres tareas, fracasa el Estado. Y cuando lo hacen bien, una sola norma puede valer más que cien promesas de campaña.
El Perú necesita menos candidatos que sueñen con cortar cintas y más representantes que entiendan el poder de la ley.
Porque en democracia, una buena ley no es un papel más.
Es una herramienta de transformación nacional.
