En el Perú se discute demasiado a las personas y muy poco al sistema. Se culpa al presidente, al Congreso, a los ministros o a los gobernadores, pero casi nunca se admite lo esencial: nuestro Estado está mal diseñado y por eso produce gobiernos débiles, instituciones frágiles y ciudadanos frustrados.
Elegimos presidente y congresistas en un sistema que no asegura gobernabilidad. El presidente llega con una votación reducida, muchas veces con respaldo real de apenas una fracción del país, y su representación parlamentaria suele ser igual de débil o peor. Después nos sorprendemos de que no pueda gobernar, de que choque con el Congreso o de que todo termine en crisis. Eso no es un accidente. Es el resultado lógico de un modelo deficiente.
Nuestros organismos llamados “autónomos” tampoco son verdaderamente fuertes. Su presupuesto depende del poder político y sus principales cargos terminan definidos por el Ejecutivo o por el Congreso. Así, instituciones que deberían ser contrapesos del poder acaban contaminadas por la misma lógica partidaria que deberían controlar. No se fortalece una república repartiendo cuotas. Se la debilita.
La descentralización peruana también es, en gran parte, un discurso vacío. Gobiernos regionales y municipalidades tienen responsabilidades enormes, pero márgenes muy limitados para generar ingresos propios. Viven esperando transferencias del gobierno central. No son gobiernos realmente autónomos; son administraciones dependientes. Y un país que concentra el dinero concentra el poder, aunque diga lo contrario.
En el Congreso ocurre otro problema grave: se legisla sin capacidad técnica suficiente. No existe una exigencia mínima de preparación para integrar un poder del Estado que decide sobre economía, seguridad, educación, salud, minería, infraestructura y justicia. Por eso abundan las leyes declarativas, populistas, apresuradas o inútiles. Mucha consigna, poca solución.
En minería, el Estado concesiona el subsuelo, pero deja que el privado se enfrente solo al conflicto por la tierra. Cobra, autoriza y se retira. Luego, cuando explota el problema social, aparecen todos a fingir sorpresa. Es un diseño torpe que genera enfrentamiento permanente entre comunidades, empresas y autoridades.
Y mientras el mundo avanza, el Perú sigue atrapado en una idea antigua del Estado: uno que quiere estar en todo, aunque haga mal casi todo. El gobierno debería ceder al sector privado todo lo que este pueda hacer mejor: infraestructura, energía, aeropuertos, redes, servicios, bajo regulación estricta, competencia real y estándares serios. El papel del Estado no debe ser estorbar ni improvisar, sino regular bien, supervisar mejor y corregir fallas donde sea necesario.
También seguimos retrasados en seguridad, defensa y control territorial. El futuro no está en llenar todo de trámites, oficinas y presencia física ineficiente. Está en tecnología, satélites, datos, trazabilidad, control inteligente del tránsito, vigilancia moderna de fronteras y sistemas meritocráticos reales en Fuerzas Armadas y Policía. No puede seguir ocurriendo que el acceso a mejores carreras públicas esté condicionado, en la práctica, por el dinero o el origen social.
Nuestras embajadas, además, deberían dejar de ser espacios ceremoniales y convertirse en oficinas agresivas de negocios, inversión, exportación y promoción educativa para los peruanos. Un país con tantas carencias no puede darse el lujo de tener una diplomacia decorativa.
La verdad es incómoda, pero clara: el Perú no solo tiene malos políticos. Tiene un Estado débil, viejo y mal pensado. Y mientras no tengamos el coraje de rediseñarlo, seguiremos cambiando nombres para que nada cambie en serio.
El problema del Perú no es solo quién gobierna. El problema es el sistema inútil desde el cual pretende gobernar.
Marco Antonio Cruzalegui Chávez
Abogado
