La reunión en Palacio de Gobierno, realizada desde las 3:00 p. m. de ayer, precipitó la decisión del Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de proyectar en los próximos días una resolución ministerial que paralice todas las actividades madereras en la zona.
Previamente, se convocará a una mesa de trabajo con la participación de autoridades locales y regionales, entidades forestales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y otros sectores, con el objetivo de restablecer el orden frente a este abusivo despojo de tierras.
En la reunión participó brevemente el presidente José Jerí; sin embargo, durante varias horas fue presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, con la presencia del viceministro de Gobernanza de la PCM, así como de los viceministros de los sectores Agricultura, Justicia y Derechos Humanos, Interior y representantes de la Policía Nacional del Perú.
“También existe la decisión de titular las tierras y la disposición para que la Defensoría del Pueblo se instale en Atalaya”, anunciaron los líderes nativos Víctor Raúl Dipas, Lorencio Najar y Juan Águila Cabezas, junto a otros dirigentes.
Respecto a los asesinatos, inicialmente se reconocía solo a dos víctimas mortales —Benny Raúl Coquinche Vásquez y Andy Raúl Coquinche Vásquez, de la comunidad de Maniquiari—, pero ahora se conoce la existencia de otras dos personas fallecidas, presuntamente a manos de supuestos “guardabosques”: Martín López Soplapuco, Juan Cagna Figueroa, Julio Ochoa Mejía y Luz Clarita Pezo Cagna, denunciaron Víctor Raúl Dipas, presidente del Frente de Defensa de la Zona de Atalaya, y Lorencio Najar Bardales, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Ashéninkas de la Provincia de Atalaya.
Ambos dirigentes sostienen que, desde hace varias semanas, personal vinculado a la empresa maderera, portando armas de fuego, se ha dedicado a desalojar violentamente a comunidades nativas, despojándolas de sus territorios para luego rematarlos al mejor postor.
La intromisión de Forest Product Florida S.A.C. y de otra empresa concesionaria ha llevado a las comunidades a exigir la inmediata rescisión del contrato de concesión, ya que, tras revisar el expediente técnico de la primera, se detectó que no se realizó la inspección ocular correspondiente, ni se consideró que el distrito de Raymondi, en la provincia de Atalaya, está íntegramente ocupado por decenas de comunidades indígenas, a las que ahora se pretende dejar sin sus territorios ancestrales (Fuente Expreso)
