Cada proceso electoral en el Perú vuelve a exhibir el mismo problema estructural: la agenda pública no se construye desde las verdaderas necesidades del desarrollo, sino desde la promesa fácil, el subsidio indiscriminado y el ofrecimiento irrealizable. Mientras los candidatos compiten por ver quién regala más, los temas de fondo siguen ausentes del debate.
Hoy, cuando se acercan nuevamente las elecciones, es momento de plantear con claridad qué asuntos deberían estar en la agenda nacional, regional y municipal, si realmente se quiere mejorar la calidad de vida de la población y construir un Estado sostenible, eficiente y justo.
- Profesionalización real del Estado: SERVIR como requisito, no como opción
El país no puede seguir tolerando que los cargos públicos se repartan como botín político. Debe establecerse como regla que las entidades municipales, regionales y del gobierno nacional solo convoquen como funcionarios a profesionales inscritos y acreditados en el registro de SERVIR, quienes cuentan con experiencia, evaluaciones y certificaciones académicas.
Un Estado sin profesionales competentes no fracasa por falta de recursos, sino por mala gestión.
- Subsidios focalizados: gratuidad solo para pobres y pobres extremos
La gratuidad indiscriminada no es justicia social, es irresponsabilidad fiscal.
El Seguro Integral de Salud (SIS) debe ser gratuito únicamente para las personas identificadas como pobres y pobres extremos por el INEI. El resto de la población debe pagar el costo real del servicio, permitiendo contratar más especialistas, comprar medicinas y equipar adecuadamente hospitales y centros de salud.
El mismo criterio debe aplicarse a otros programas sociales.
Techo Propio debe dirigirse exclusivamente a estas mismas personas, incluyendo el terreno, pues quien vive en pobreza extrema no tiene siquiera suelo donde construir.
La educación pública, en todos sus niveles, debe ser gratuita solo para pobres y pobres extremos; quienes pueden pagar, deben asumir el costo del servicio, elevando así la calidad educativa.
Subsidios mal focalizados terminan perjudicando justamente a quienes más los necesitan.
- Recaudación municipal efectiva: un-SAT en cada provincia
No hay servicios públicos de calidad sin ingresos sostenibles. Por ello, cada provincia debe contar con un Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permita a las municipalidades cobrar deudas por impuestos y tributos, reducir la evasión, financiar servicios básicos y ejecutar obras con recursos propios.
Municipios sin capacidad recaudatoria están condenados a mendigar presupuesto cada año.
- Tarifas reales para servicios públicos sostenibles
El precio del agua, la energía eléctrica y otros servicios públicos debe reflejar sus costos reales, incluyendo renovación de tuberías, cambio de equipos obsoletos, inversiones para expansión y protección de las zonas de abastecimiento.
Hoy, por ejemplo, la tarifa del agua no permite cambiar tuberías ni cuidar las fuentes hídricas, generando un colapso anunciado del servicio. Tarifas artificialmente bajas no benefician al ciudadano, lo condenan a servicios precarios.
- Peajes locales para mantener carreteras
Las municipalidades provinciales, distritales y los gobiernos regionales deben tener la facultad de instalar peajes en sus carreteras, bajo reglas claras, para mantenimiento preventivo, reparación oportuna y mejora de la infraestructura vial.
Carreteras sin mantenimiento son más caras de reconstruir que de conservar.
- Transparencia educativa: resultados visibles para los padres
Debe exigirse que todas las instituciones educativas coloquen en su frontis los resultados de las evaluaciones de calidad realizadas por el INEI u organismos competentes.
Solo así los padres podrán elegir informadamente dónde estudian sus hijos, y las escuelas se verán obligadas a mejorar.
La calidad educativa no mejora ocultando resultados, sino haciéndolos públicos.
- Cofinanciamiento obligatorio en obras públicas
Toda obra pública debe exigir la participación financiera de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Esto obliga a municipalidades y gobiernos regionales a gestionar recursos, priorizar proyectos y comprometerse con las inversiones en su jurisdicción.
Obras financiadas al cien por ciento por el nivel central generan desinterés y mala supervisión local.
- Evaluación de capacidades en los colegios profesionales
Los colegios profesionales deben asumir un rol más activo y responsable: evaluar periódicamente las capacidades de sus agremiados para ejercer en cada departamento, garantizando estándares mínimos de competencia.
Un título profesional no puede ser una licencia vitalicia sin evaluación.
- Ordenamiento del transporte urbano
Las municipalidades deben realizar estudios de aforo vehicular para determinar la cantidad máxima de vehículos que pueden circular y evitar la saturación urbana.
Solo deberían circular vehículos con autorización local; los demás, hacerlo solo de manera transitoria.
El caos vehicular no es progreso, es retroceso.
- Turismo concesionado, no improvisado
Los recursos turísticos deben ser concesionados a privados, bajo estrictas reglas de calidad, conservación y supervisión.
El Estado no puede ni sabe gestionar turismo de forma eficiente; su rol debe ser regular, supervisar y sancionar.
Cerrar la brecha entre discurso y realidad
Estos temas no suelen estar en campaña porque no generan aplausos fáciles. Pero son los que sí construyen desarrollo real.
Si las próximas elecciones vuelven a centrarse en promesas vacías, el resultado será el mismo de siempre. La ciudadanía debe exigir agenda, no demagogia; propuestas serias, no regalos.
El desarrollo no se improvisa, se planifica, se financia y se gestiona con profesionalismo (Abog. Marco Cruzalegui Chávez)
