Recomiendan sancionar a ambos exfuncionarios por presunta infracción a la Constitución.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación por diez años de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y del exmandatario Pedro Castillo. La medida surge tras la evaluación de sus presuntas responsabilidades en los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando se produjo el intento de disolución del Parlamento.
El documento aprobado por la Subcomisión sostiene que Chávez habría incumplido sus deberes como jefa del gabinete al no oponerse al mensaje presidencial en el que Castillo anunció medidas contrarias al orden constitucional. Además, se indica que su renuncia, presentada horas después del pronunciamiento, no habría evitado la aplicación de decisiones consideradas ilegales.
Respecto al exmandatario, el informe concluye que Pedro Castillo ordenó el golpe de Estado, contando con el apoyo de ciertos funcionarios públicos. Estas actuaciones configuraron una usurpación del poder, según el análisis constitucional efectuado por el grupo de trabajo parlamentario.
La Subcomisión recordó que la sanción propuesta —inhabilitación por diez años— constituye la medida más severa contemplada por la Constitución en casos de infracción grave. Esta sanción impide a los implicados ejercer cualquier función pública durante ese periodo, aunque no implica un proceso penal en su contra.
El informe también subraya que el procedimiento seguido se enmarca en el ámbito de la responsabilidad política y constitucional, no en la vía judicial. De aprobarse posteriormente por el Pleno del Congreso, la medida tendrá efecto inmediato, sin perjuicio de los procesos penales que puedan continuar en paralelo.
En contraste, el grupo parlamentario recomendó archivar la denuncia constitucional contra el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. Según el informe, no se hallaron pruebas que acrediten su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022.
Con esta decisión, la Subcomisión cierra una etapa clave dentro de las investigaciones relacionadas con la crisis política que derivó en la destitución de Pedro Castillo. Ahora, el informe será elevado a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la inhabilitación de ambos exfuncionarios (Fuente EXPRESO)
