En sesión de instalación eligen por mayoría al presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, como su máximo representante
Con la finalidad de reactivar la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) San Martín, a iniciativa del gobernador regional Walter Grundel Jiménez, en coordinación con el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Dr. Walter Francisco Ángeles Bacheth, se convocó a los funcionarios titulares de las instituciones públicas de la región, para la sesión de instalación y reactivación de esta comisión.
La presidencia de la Comisión Regional Anticorrupción recayó en el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Dr. Walter Francisco Ángeles Bacheth, quien fue elegido por amplia mayoría y seguidamente juramentado por el gobernador regional.
La primera medida que se adoptó en esta sesión de instalación y reactivación de la comisión, fue convocar a una próxima sesión a nuevos titulares de instituciones públicas, privadas y sociedad civil, a fin de fortalecer las funciones de prevención y combate a la corrupción en las instituciones del Estado, motivo por el cual la propuesta de su nueva conformación se hará llegar al Consejo Regional de San Martín, para su aprobación mediante ordenanza regional, con las modificatorias y/o derogatoria de la anterior, acorde a las normativas amparadas por Ley.
La referida comisión tiene las funciones de coordinar con las entidades públicas su contribución al cumplimiento de las normas de transparencia, ética y participación ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios públicos, los actos de la administración y el manejo presupuestal de cada entidad. Asimismo, promover la articulación de esfuerzos de las entidades responsables de la investigación y sanción de actos de corrupción, entre otros.
La CRA San Martín fue creada mediante Ordenanza Regional N° 018-2015-GRSM/CR, al amparo de la Ley N° 29976 del 04 de enero de 2013, Ley de creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de carácter nacional, con el objetivo de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo, dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.